Bancada de Morena en Edomex demanda la abrogación de Ley Atenco

Las manifestaciones, prosiguió, casi siempre son la fase final de una lucha; aparecen después de que los ciudadanos han agotado todos los canales de solución con las autoridades 

(Veneranda Mendoza/APRO)

Toluca, Estado de México.- El grupo parlamentario de Morena propuso formalmente la abrogación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, tras considerar que, pese a las observaciones de la Corte, aún es violatoria de los derechos humanos.

“Muchos de los conceptos que se consideran violatorios no fueron materia de estudio de la Corte, al desechar la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados y pronunciarse sólo por las promovidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos… quedaron sin claridad”, consideró el diputado Vladimir Hernández al plantear su iniciativa ante el pleno.

El legislador recordó como una garantía individual y social el derecho a la manifestación pacífica de ideas y exigencias, que merece especial tratamiento, “debido a que representa un modo de acción ciudadana para la exigencia y la defensa de derechos, pero también resulta muy sensible a las reacciones del gobierno y al uso abusivo o violento del poder público en contra de los ciudadanos”.

“Movimientos estudiantiles, sindicales, agrarios, políticos y, recientemente, la búsqueda del reconocimiento a las garantías y derechos, hacen que los ciudadanos salgan a las calles a manifestar su rechazo frente a una obra pública inadecuada, al mal actuar de sus gobernantes, frente a los actos de corrupción que enfrentamos diariamente, a la inseguridad y la violencia, a los secuestros y feminicidios, por mencionar algunos casos”, dijo.

El propósito de estos movimientos, destacó, es llamar la atención pública sobre ciertos asuntos ciudadanos y reclamar su urgente solución.

Las manifestaciones, prosiguió, casi siempre son la fase final de una lucha; aparecen después de que los ciudadanos han agotado todos los canales de solución con las autoridades y cuando se exceden los límites de espera a la atención de problemas sociales por indiferencia, opacidad o incapacidad del gobierno.

Por tanto, consideró que las autoridades estatales deben ser sensibles al respeto de los derechos de los ciudadanos en la manifestación de sus ideas e inconformidades y en su libertad de reunión.

La también denominada Ley Atenco, recordó, fue promulgada en Gaceta de Gobierno el 18 de marzo de 2016, pero por su naturaleza generó una inusual controversia entre los mismos diputados que la aprobaron, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y la propia CNDH, quienes consideraron que muchos de sus artículos transgreden la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A su vez, motivó la promoción de diversas acciones de inconstitucionalidad por la presunta violación a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, libertad de expresión y reunión; al derecho a la salud, y al de la integridad personal.

También se le considera violatoria de los principios de legalidad y seguridad jurídica respecto del uso de las armas letales y de fuego, a la capacitación de los miembros de seguridad pública; a los principios constitucionales en materia de reinserción social y justicia para adolescentes, y de última razón en el empleo de la fuerza pública.

Además, consideró, transgrede la esfera de facultades del Congreso de la Unión y es omisa en sanciones por abuso o uso excesivo de la fuerza y capacitación de los miembros de seguridad pública.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Seguridad Pública para su discusión y dictamen.

En entrevista posterior, Hernández Villegas apeló a la sensibilidad y sentido común de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –la mayoritaria--, sus aliados, y hasta de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) –quienes en su momento avalaron la también conocida como Ley Eruviel-- para que rectifiquen el yerro.

Aclaró que Morena no se opone a regular el uso de la fuerza pública, pero advirtió que deber ser en sentido inverso, para que no atente contra las libertades ciudadanas sino frene los abusos de los cuerpos policiacos.

Para garantizar una discusión amplia, una ley respetuosa de los derechos humanos y eficiente para los fines que se pretenden, planteó la necesidad de realizar foros en los que participen todos los sectores involucrados.


 hch

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